En contra de lo que piensa mucha gente, las experiencias de Comunidades surgidas desde la necesidad de hacer frente de forma común a carencias y, utilizando la lógica o eso que se llama «sentido común» autoorganizarse como forma de practicar el apoyo mutuo entre personas a las que se les quiere arrebatar su dignidad, ni es cosa sólo de otros tiempos, ni de otros lugares (ya hemos hablado aquí tanto de experiencias en América Latina como en el propio Errekaleor), y sí una realidad que va ganando terreno en la medida en que se convierte en la única opción viable para buena parte de la población. Sobre todo si para dar el paso inicial se cuenta con el impulso desinteresado de gente dispuesta a apoyar la puesta en marcha de este tipo de iniciativas.

Ese es el caso de la experiencia concreta que hoy queremos traer a este txoko txikitxua: la Comunida «La Esperanza», en Guía,  Gran Canaria. La mayor  Comunidad ocupada del Estado español, quizá más conocida últimamente por la amenaza de desalojo que el Ayuntamiento ha lanzado con las 77 familias y 202 personas que desde 2013 dan vida a esta Comunidad. Para acercanos a su historia vamos a utilizar tres textos que, desde distintos puntos de vista y análisis, nos puedan mostrar algunos de los múltiples perfiles que tiene esta maravillosa experiencia comunitaria.

El primero de ellos, con el título Comunidad La Esperanza: el experimento libertario en Gran Canaria nos cuenta cómo surgió la comunidad, los primeros pasos que emprendieron, su planteamiento ideológico y sus principales objetivos. El segundo se trata de Madres coraje, niños rebeldes y héroes sin empleo: así sonríe la mayor comunidad ocupada de España que, además de recoger algunas de las iniciativas que se están llevando en la actualidad para hacer frente a la amenaza de desalojo, nos ofrece también un perfil mucho más cercano y personal, acercándonos testimonios concretos de gentes que dan vida a la Comunidad. Finalmente, mediante el texto La Comunidad “La Esperanza” responde a las declaraciones del alcalde de Guía de Gran Canaria tenemos opción a conocer el Comunicado de la Comunidad en respuesta a las declaraciones y manipulaciones del alcalde que pretende desalojarlas.

En la red hay muchos otros textos y videos para quien quiera conocer con más detalle aun tanto la historia de «La Esperanza» como su situación actual, en cualquier caso, y antes de dejaros con los textos mencionados, os recomendamos curiosear tanto en su perfil de facebook  como en la página que está recogiendo apoyos en su favor .  Beste kasu batzuetan ere ikusi dugunez, badirudi teoriatik praktikara pasatzea ez dela askotan pentsatzen dugun bezain zaila, batez ere beharrak bultzatzen duenean, esaera zaharrak dionez: ezina ekinez egina.

 

Comunidad La Esperanza: el experimento libertario en Gran Canaria

Un artículo de Bea del Corte e Iris Rodríguez 

Con una gestión horizontal y autogestionada, se forma la mayor comunidad okupa de España, una experiencia libertaria llevada a cabo por gente no anarquista. Son las setenta familias que viven en ‘’La Esperanza, lo último que se pierde’’ en Gran Canaria.

A principios del 2013, inmersos en un gran entorno de precariedad social en Canarias: paro –un 35% según la última EPA-, desahucios –más de 4.000 ejecuciones hipotecarias en el último año según el Consejo del Poder Judicial-, crisis económica y de precariedad laboral, un grupo de familias entraron a okupar un bloque de pisos vacíos en el municipio de Santa María de Guía, al norte de la isla de Gran Canaria, una de las 7 islas del archipiélago canario.

En una coyuntura social en la que la okupación de pisos vacíos está cada vez más legitimada debido a la crítica situación de la vivienda, lo que diferencia esta comunidad okupada es la organización que les apoyó en la acción. Fue la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC), que dio pie a una organización vecinal y comunitaria compleja pero enriquecedora. Hoy 200 personas viven allí. Son la comunidad Esperanza, “lo último que se pierde”.

(…) Se creó así la gestión libertaria de un espacio común. Sin embargo, el proceso tanto previo como durante la okupación fue complejo. La legitimación social de esta acción implicó un gran trabajo base, muchas reuniones con vecinos de los barrios con mayor riesgo de exclusión social y que más están sufriendo las consecuencias de la crisis, con okupaciones puntuales de pisos vacíos hasta que apareció la posibilidad de entrar a vivir en un edificio que la constructora Piornedo había dejado sin acabar en Guía, Gran Canaria.

La idea inicial era acompañar a los nuevos inquilinos en el inicio del proyecto, darles las herramientas para coordinarse y posteriormente desvincularse de la okupación como colectivo. Setenta familias se acabaron uniendo al proyecto; en las que el asamblearismo fue la principal forma de organización en la comunidad. Aunque como cuenta Ruymán, miembro de la FAGC y habitante del edificio durante año y medio, las dinámicas asamblearias son complejas de aplicar si no se tiene cierta experiencia. Se consiguió generar el entendimiento y funcionamiento necesario de las comisiones, pero cuando la federación anarquista quiso desvincularse de la okupación -para convivir sin una ayuda que pudiese politizarlos- , se crearon “golpes de estado autoritarios dentro de la propia comunidad”. La FAGC tuvo que volver a vincularse para ofrecerles herramientas de organización, generar espacios de aprendizaje y formación y crear comisiones de gestión de la comunidad y de resolución de conflictos.

En La Esperanza viven con luz de obra, bidones de agua y aproximadamente un 30% de los vecinos se alimentan a partir de una huerta común. Hay una importante variedad étnica y con ella los consecuentes prejuicios y sub-prejuicios dentro de los propios inquilinos. Actitudes sociales que describen a la perfección la estructura social en la que vivimos, cargada de estereotipos y categorías.

Entre las más de setenta familias hay una gran diversidad de perfiles, familias, inmigrantes, niños, parados de larga duración, trabajadores precarios, etc. Muchos de ellos son profesionales de la construcción que se quedaron inactivos después de la crisis del boom inmobiliario, por lo que se encargan de resolver cualquier problema técnico o de infraestructura en el edificio, apunta el portavoz de la comunidad.

Respecto a los roles de género, es evidente que se mantienen en tanto que es muy complicado sacar a las personas de sus actitudes intrínsecamente machistas, explica Ruyman. Sin embargo, el rol de fuerza masculina se pudo ver diluído ante el papel de las mujeres en la resolución de todos los conflictos que se daban en la comunidad. El empoderamiento de la fuerza femenina no solo se da a través de formaciones y talleres.

A nivel legal, el bloque de la comunidad pertenece a la SAREB -Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria-, conocido como el banco malo.

(…) Ante las críticas posibles a que con el soporte de la FAGC a la comunidad se produjese una influencia ideológica, el portavoz no duda: “una vez les ofrecemos las herramientas, decidimos que el papel de la Federación debe cambiar: abandonar el rol paternalista y dejar que la comunidad evolucione por sí sola; aunque como libertarios no nos sintamos identificados con sus futuros actos o decisiones”.

En definitiva, no buscan con sus acciones solucionar una cuestión habitacional sino plantear soluciones a problemas sociales abriendo una grieta profunda en el sistema: dejar de retroalimentarlo. El archipiélago canario, con más de 2.100 millones de habitantes (800.000 en Gran Canaria), es de las comunidades con mayores riegos de exclusión social. Aproximadamente un 30% de personas viven bajo el umbral de la pobreza y un 16% de familias tienen todos sus miembros en paro (INE). Pero además, tiene una de las mayores incoherencias del sistema: existen cerca de 130.000 viviendas vacías (según la PAH Canarias) y unas 21.000 familias solicitantes de vivienda (según el gobierno autonómico).

http://lacolumna.cat/comunidad-la-esperanza-el-experimento-libertario-en-gran-canaria#.VyhQxTEpq30

(La Columna.cat 27-12-2015)

 

 

Madres coraje, niños rebeldes y héroes sin empleo: así sonríe la mayor comunidad ocupada de España

77 familias con 202 personas, más de la mitad menores, pueblan Comunidad Esperanza en Gran Canaria. Ahora enfrentan una amenaza de desahucio que puede ser socialmente catastrófica

Por: Ignacio Pato, miércoles 20 de abril de 2016

I – CHOCOLATE CON CHURROS

La del pasado jueves fue una mañana especial en Comunidad Esperanza. Más de 40 euros puestos en común para churros, leche y chocolate hicieron posible uno de los mejores desayunos que se recuerdan allí.

La ocasión lo merecía en la mayor comunidad ocupada del estado español. Sus 202 vecinos celebraban la primera victoria sobre la amenaza de desahucio del ayuntamiento. Se cumplía esa mañana el plazo de un mes que el alcalde de Santa María de Guía (Gran Canaria), aduciendo motivos de inhabitabilidad, les había dado para abandonar sus casas.

Desde la Comunidad Esperanza niegan el argumento del consistorio, afirmando que las viviendas son perfectamente habitables. En un comunicado, lanzaban un claro mensaje al alcalde de Guía: «No ‘vele’ más por nuestra seguridad si eso pasa por mandarnos a morir o a vagar por la calle con nuestro centenar de hijos».

(…) III – ASAMBLEA CONTRA LA POBREZA EXTREMA

 ¿Cómo es la vida en la Esperanza?

La comunidad se organiza en base al principio igualitario de dar y recibir en función de las necesidades de cada persona. En cuanto al agua, «viene por cubas, nos abastecemos con 27.000 litros diarios que cuestan 100 euros por día por los que cada vecino paga una contribución voluntaria de 30 euros al mes. Hay horario de racionamiento, no hay agua durante todo el día», cuenta Rodríguez.

La luz es de obra, la que estaba en los bloques desde el principio de la ocupación pactada con la empresa propietaria.

«El modelo es comunitario, asambleario y horizontal», describe Rodríguez. « Demostramos que se puede convivir en una microsociedad libertaria, pero sobre todo lo interesante es que no es un modelo exclusivo para gente anarquista. No es una cosa de 10 o 20 convencidos que viven en un centro social. Son decenas de familias necesitadas«.

En Comunidad Esperanza, donde niegan ser «okupas ilegales», se hace una asamblea general el último domingo de cada mes, y extraordinarias si así lo requieren asuntos concretos. En ellas se deciden el suministro, mantenimiento, limpieza, movilizaciones o las posibles disputas por convivencia.

Hay distintas comisiones, que Rodríguez pasa a enumerar: «la de mantenimiento, la comisión de talleres de entretenimiento con actividades infantiles o el cine que hacemos los sábados, también hay comisión de formación y alfabetización, una comisión de realojo para tramitar la entrada de nuevas familias, la comisión de huertos, comisión de solidaridad para almacenar y repartir ropa o juguetes, la comisión de información y la comisión de fortificaciones por si acaso hubiera un desalojo violento«.

«De las 77 familias que hay, es posible que con trabajo remunerado y cotizando haya entre 5 y 10, no más», calcula Rodríguez. El resto vive de la economía sumergida, recogiendo chatarra, cuidando ancianos o realizando labores de limpieza.

Muchos tratan de sobrevivir con lo que perciben de la Renta Activa de Inserción para parados de más de 45 años, o con subsidios inferiores a 426 euros. Otros viven de chapuzas que les van saliendo. «La gran mayoría vive en pobreza extrema. No podrían pagar un alquiler y comer a la vez«, señala.

IV – AZUCENA, FRANCISCO, MANUEL, YLENIA

En Comunidad Esperanza la historia de exclusión social es común pero no por eso faltan los nombres propios.

Como el de Azucena, una chica víctima de malos tratos y joven madre soltera. Estaba en un centro de acogida pero se le acabó el plazo legal de estancia y tuvo que salir. Ocupó una casa, la desahuciaron y en la calle contactó con la FAGC. Comunidad Esperanza es el único sitio que tiene para estar con sus 3 hijos. Ahora, según Rodríguez, es una de las más implicadas, siempre a punto para hacer carteles o coger el megáfono.

O Francisco, un hombre de origen colombiano de más de 45 años con 4 hijos. Después de conseguir un trabajo como barrendero, se quedó sin empleo con la crisis. Sufrió un desahucio y se quedó en la calle. Ni su compañera ni él cobran ningún subsidio.

O Manuel, albañil en paro desde hace 8 años. El único ingreso de su casa son los 200 euros de paro de su mujer.

O Ylenia, madre soltera de una niña que teme que el decreto de desahucio favorezca una amenaza institucional a la custodia de sus pequeños.

Y cuando habla de sus críos, está hablando del gran tesoro de su vecindario.

(…) Porque Comunidad Esperanza es insultantemente joven. De los 202 vecinos, más de la mitad son menores de edad.

«Todos están empadronados y escolarizados, es una de las cosas que teníamos claras desde el principio», apunta Rodríguez, para quien «el caso de los niños es quizá uno de los puntos más luminosos de la ocupación».

Y no solo porque, como manifiesta, ellas y ellos «den lecciones constantes de tolerancia, antimachismo o antirracismo».

10 de ellos han nacido ya en Comunidad Esperanza. Muchos otros están creciendo y viviendo su infancia o adolescencia en un ambiente que no entiende el bienestar si no se conjuga en plural.

De los 202 vecinos, más de la mitad son menores de edad. Todos están escolarizados. 10 de ellos han nacido ya en Comunidad Esperanza. Muchos otros crecen en un ambiente que no entiende el bienestar si no se conjuga en plural

http://www.anarquistasgc.net/2016/04/madres-coraje-ninos-rebeldes-y-heroes.html#more

 

La Comunidad “La Esperanza” responde a las declaraciones del alcalde de Guía de Gran Canaria

Desde la Comunidad “La Esperanza” queremos aclarar y refutar algunas de las opiniones vertidas por el alcalde a los medios de comunicación en su pasada rueda de prensa del día 22 de marzo del corriente año y de paso dejar algunas cosas claras.

lacasademitia.opennemas.com 27 de Marzo de 2016 (08:41 h.)

Comunicado de la Comunidad “La Esperanza”

Ante las declaraciones del alcalde de Guía de Gran Canaria, Pedro Rodríguez

Desde la Comunidad “La Esperanza” queremos aclarar y refutar algunas de las opiniones vertidas por el alcalde a los medios de comunicación en su pasada rueda de prensa del día 22 de marzo del corriente año y de paso dejar algunas cosas claras.

1. La habitabilidad del inmueble: según el señor alcalde «quiere velar por la seguridad de los habitantes de “La Esperanza”». Y ¿cómo pretende hacerlo? Desalojando a esos mismos habitantes y arrojándolos al asfalto. Son ya muchos los medios de comunicación que han pasado por la Comunidad “La Esperanza” y no nos dejarán mentir si afirmamos que todos han podido acceder al interior de las viviendas y comprobar que son perfectamente habitables. ¿Hablamos de cuestiones estrictamente legales y burocráticas? En ese caso concedamos que los inmuebles no tienen cédula de habitabilidad. Según el alcalde nos quiere desalojar porque son un peligro para nuestra seguridad. Ahora preguntamos, ¿se está más seguro, protegido, lejos de amenazas y peligros en la calle? Aquí algo no cuadra bien: no se puede sacar a una persona de un incendio para echarlo en una incineradora. Por muy peligrosa, insegura e insalubre que fueran la Comunidad y sus instalaciones (que no lo son), más peligrosa, insegura e insalubre sería siempre la calle. El motivo del intento de desalojo administrativo no puede ser nunca nuestra seguridad porque si no se nos garantizaría un realojo digno y asequible a nuestras posibilidades. En vez de eso, por “nuestro bien y seguridad”, se nos quiere arrojar a la intemperie y la indigencia. No “vele más por nuestra seguridad” señor alcalde si eso pasa por mandarnos a morir o a vagar por la calle con nuestro centenar de niños.

2. Los compradores: El alcalde habla también de los compradores que invirtieron sus ahorros en algunas de esas viviendas. Conocemos el verdadero interés del alcalde: convertir el asunto en una típica pelea entre “propietarios” y “okupas”. Pero no le saldrá bien. Nosotros conocemos perfectamente la situación de algunos de las personas que adelantaron dinero sobre plano e invirtieron sus ingresos con el fin de tener una vivienda. También la de los que permutaron solares a cambio de varias viviendas. Nuestra lucha no es ni será nunca contra ellos, y nos gustaría hacerles saber que nuestras reivindicaciones y necesidades en nada afecta a sus derechos. Nuestra intención siempre ha sido establecer un frente común que nos beneficie a todos, y no caer en las maniobras del alcalde para azuzar el enfrentamiento. Todos somos víctimas: ellos de una estafa particular y nosotros de la estafa capitalista. Ha sido la Comunidad “La Esperanza”, y no ninguna institución, la primera que ha puesto sobre la mesa la solución más plausible para hacer que los propietarios recuperen su inversión: dando por sentado que al declararse la Promotora Piornedo en quiebra es imposible que obtengan de ella resarcimiento alguno, hemos planteado formalmente que se remunicipalicen los inmuebles (y si el ayuntamiento no tiene competencias que se encargue la administración correspondiente), se los catalogue como viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social y se extraiga directamente de los alquileres pagados por los vecinos la cantidad exacta que invirtieron los propietarios en las viviendas a fin de restituírsela. No hay mejor solución para lograr que nosotros no nos veamos en la calle y que los compradores recuperen su dinero. Pero esta solución requiere la intervención del ayuntamiento, y como en realidad no les importamos ni los unos ni los otros no hay voluntad política de que se lleve a cabo.

En otro orden de cosas queremos también aclarar una desinformación de la que se han hecho eco algunos medios estos días. Cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria inicia la ocupación (con “c”) de las viviendas en 2013 y mete a las primeras familias, lo hace en unos inmuebles vacíos, con años de abandono (de hecho las viviendas estaban siendo objeto desde hacía mucho tiempo de vandalismo y robos, como muestra de que no estaban habitadas) y con consentimiento por escrito de la promotora (en consecuencia somos “precaristas” y no “okupas”, al menos todavía). Ningún vecino forzó ninguna puerta; todos entramos con ese consentimiento y con las llaves en la mano. A nadie se le ha quitado nada, en tanto en cuanto los inmuebles estaban desocupados y la reclamación de los compradores era recuperar su inversión y no unos pisos sin certificados legales. Nuestra ocupación no conculca ninguno de sus derechos o reclamaciones.

3. Las mentiras: En la comunidad hay 77 viviendas. Todas ocupadas, y en su gran mayoría por familias con hijos al cargo. Sólo en unos pocos casos, de extrema necesidad, se ha contemplado realojar a solteros sin hijos. Teniendo en cuenta que muchas son familias numerosas, los números del alcalde son más que conservadores. Estamos actualizando el censo, pero podemos asegurar que rondamos los dos centenares de personas y que de ellas más de la mitad son menores. Es muy posible que al alcalde no le hayan salido las cuentas porque desde hace meses no permite a las familias empadronarse (cosa que llevaba ocurriendo con normalidad desde hacía 3 años).

Entre esas 77 familias hay tres de ellas, la de Francisco y Carolina, la de Leonor, y la de Mary Jenny y John, con sus respectivos hijos, a las que envió directamente el alcalde y todas están dispuestas a ratificarlo ante la opinión pública, como ocurrió en nuestra pasada rueda de prensa del 21 de marzo. Todas fueron a solicitar vivienda al alcalde y todas fueron derivadas a la Comunidad “La Esperanza” para que nos encargáramos nosotros de dar respuesta a la gran demanda de vivienda social que hay en el municipio. Un funcionario público que es capaz de mentir tan abiertamente a los medios de comunicación no está legitimado para pontificar sobre nada.

El alcalde ha tratado de fomentar una suerte de “xenofobia municipal” insistiendo en que venimos de otros municipios. En primer lugar no es cierto, porque al menos un bloque es íntegramente de nativos del norte. Pero aunque todos viniéramos de fuera, se olvida el alcalde de que una vez nos empadronamos en Santa María de Guía somos vecinos de pleno derecho del municipio.

Habla también de las instalaciones, omitiendo que después de muchas negativas por su parte hemos podido reunirnos con él en dos ocasiones, la última el año pasado, para solicitarle que cumpla el art. 26 a) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 y nos garantice, como le obliga la ley, un suministro acuífero y eléctrico regular que nosotros mismos nos comprometemos a sufragar. Después de palabras vanas no ha hecho absolutamente nada, negándose en redondo a volver a abordar el tema. Y como él mismo nos notificó hace unos días a través de una llamada telefónica a una vecina, cierra unilateralmente la vía de la negociación en tanto en cuanto sigamos convocando a los medios de comunicación.

Es incierto también que el propio alcalde no le haya asegurado a varios vecinos, a fin de que no cargáramos las tintas contra él, que su intención no es echarnos, y que simplemente ha firmado ese decreto con la intencionalidad de “guardarse las espaldas”. Esa es literalmente la expresión que empleó.

4. Conclusiones: En definitiva el alcalde miente y muestra una gran insensibilidad ante la situación de las 77 familias que pueblan la Comunidad y las que pretende desalojar sin preocuparse antes de que se les asegure desde las instituciones una alternativa habitacional.

Por nuestra parte no pensamos bajar el pistón. Llevaremos la batalla legal hasta sus últimas consecuencias; desoiremos las amenazas del alcalde y seguiremos convocando a los medios de comunicación para denunciar la situación de emergencia humanitaria a la que nos quiere abocar la administración; si nada ejerce la suficiente presión para que desistan de echarnos, tomaremos las calles tal y como una vez tomamos una vivienda para nuestros hijos, convocando movilizaciones que demuestren que si ellos tienen la fuerza en sus decretos nosotros la tenemos en el sentimiento de justicia popular. Son ya casi 100 colectivos, sindicatos, plataformas, federaciones, asambleas, radios, editoriales, partidos, de Alemania, Colombia, México, Austria y de todo el Estado español las que nos apoyan. Si los animales se defienden cuando atacan la madriguera de sus crías, nosotras y nosotros no vamos a ser menos.

http://www.lacasademitia.es/articulo/comunicados/comunidad-esperanza-respoden-declaraciones-alcalde-guia-gran-canaria/20160327084158052559.html

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