Llamamos burorrepresión a la forma que tienen los gobiernos de desincentivar la protesta ciudadana a golpe de multas, imponiendo mordazas a las voces críticas que cuestionan sus políticas y proponen alternativas. La burorrepresión, al igual que la represión a golpe de porra y de prisión, provoca un miedo injusto a ejercer libremente los derechos básicos que garantizan la convivencia democrática, tales como el de expresarse libremente y el de manifestar las opiniones junto a otras personas.
Sin embargo, a diferencia de la represión violenta, la burorrepresión dificulta la solidaridad y la capacidad para percibir qué nos está pasando a mucha gente, porque castiga fuera del contexto local y temporal en el que se dio la manifestación. De alguna manera, individualiza el sufrimiento.
Y además, resulta especialmente injusto, porque apunta a los bolsillos de las personas que salen a manifestarse precisamente porque el propio sistema precariza sus vidas. Supone, en definitiva, un doble castigo.
Así pues, las políticas represivas persiguen acallar voces disidentes, que entienden que existen otras posibilidades de organizarnos como sociedad y que así lo ponen de manifiesto juntándose en calles y plazas. Y ante una situación de crisis total como la que nos encontramos, limitar otras voces supone una pérdida de oportunidades imperdonable para construir una sociedad más justa y feliz para todas las personas que la habitamos.
(BURORRESISTIENDO. Manual de emergencia contra multas –Comisión legal Sol)
El movimiento popular de Gasteiz no podemos quedarnos en silencio ante la burorrepresión salvaje que las instituciones están llevando a cabo contra Etxebizitza Sindikatua. Es preciso denunciar el acoso y derribo que se ha decretado contra quienes se atreven a cuestionar el estado de cosas, y quienes apostamos por una transformación radical (desde la raíz) del actual sistema económico-político debemos poner entre nuestra prioridades la solidaridad con quienes practican la desobediencia, más aún cuando, como en el presente caso, ésta ha tenido lugar como herramienta para el apoyo a parte de la población que más padece en carne propia el terriblemente injusto reparto de la riqueza en el que se basa el modelo social.
Por eso hoy en KTT abrimos este espacio a los textos de Etxebizitza Sindikatua, para que nos cuenten lo sucedido y nos indiquen la forma de que, quienes puedan, practiquen también la solidaridad económica.
Y sí, ya sabemos que en el ildo sozialista en el que se enmarca el Sindicato de la Vivienda de Gasteiz, no son pocas las voces que dicen que el movimiento popular no existe, que es un invento de no sé quién y que está al servicio de no sé cuantos… (se nota que no vivieron ni en los 80 ni en los 90 de esta ciudad y desconocen los logros alcanzados por ese movimiento popular, del que todavía se alimenta todo el espectro radikal de la ciudad, ellas incluidas). Pero la solidaridad ante la represión, y en este caso ante la salvaje burorrepresión de quienes defienden un cambio revolucionario (que es verdad que se está cebando de forma muy especial contra esta corriente de opinión), siempre ha estado entre las prioridades de la llamada izquierda crítica, sea autónoma o de alguna familia ideológica concreta, y erraríamos de pleno si por sus críticas y forma de proceder ante el resto del movimiento popular (ellas también son movimiento popular) dejáramos de practicar ese principio básico de solidaridad, y comenzaríamos a parecernos a las organizaciones políticas tradicionales que ponen su ego por encima de la ética y la solidaridad.
Así que centrémonos en lo fundamental, que es en practicar la solidaridad, y como además de la económica, solicitan el apoyo en la difusión, recojamos sus palabras.
70.000€ POR HACERLE FRENTE A UN DESALOJO
El Sindicato de Vivienda de Gasteiz tiene que hacer frente a 70.000 euros en multas, a raíz del desahucio llevado a cabo en la calle Los Herrán, en enero del año pasado. Dicho día el ayuntamiento de Vitoria dejó sin alternativa habitacional a 15 personas, entre ellas menores, familias e individuos económica y jurídicamente en estado de vulnerabilidad. Todo esto, la misma época en la que al gobierno se le llenaba la boca con el amparo de la moratoria y el suspenso temporal de los desahucios.
Ya el verano pasado sufrimos las consecuencias de esta defensa: la descomunal cifra de 30.000 euros en multas, impuesta por el Gobierno Vasco bajo la Ley Mordaza. Ahora, hemos vuelto a ser sancionados con otros 40.000, esta vez por parte del Ayuntamiento de Vitoria, que nos achaca haber incumplido el confinamiento perimetral y las medidas COVID. Una vez más, el contexto de la pandemia ha demostrado ser la perfecta excusa para la restricción de libertades y para la represión arbitraria de cualquier acto de protesta.
En suma, nos enfrentamos a la friolera de 70.000 euros por intentar impedir que 15 personas se quedasen en la calle. Además de ser una medida contra quienes participamos en aquel desahucio, es un mensaje a todo aquel que ose hacer protestas del mismo tipo. Y es que, en época de crisis y encarecimiento de la vida el peso de la represión económica aumenta, ahondando en su carácter disciplinario. En efecto, estas multas son una amenaza contra cualquier intento de defensa de las condiciones de vida de la clase trabajadora y su organización política, siendo ataques directos a las libertades más básicas.
Desde el Sindicato de Vivienda de Gasteiz denunciamos la desproporción y la arbitrariedad de la sanción impuesta. Ha endeudado a decenas de personas pero, sobre todo, es un claro ejemplo del sabotaje a un movimiento con el fin de ahogarlo. En consecuencia, hemos comenzado una campaña de recaudación de fondos, para todo aquel que quiera ayudar en esta causa.
Es tiempo de hacer pedagogía y expandir la solidaridad de clase en época de represión, empobrecimiento y crisis, para sostener los procesos de lucha vigentes, y los que están por venir.
PARA HACER TU APORTACIÓN ECONÓMICA
Cuenta corriente:
ES14-3035 0080 91 0800087090
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